Aragón se sitúa entre las comunidades con menor economía sumergida del país

La economía sumergida ha aumentado durante la crisis en Aragón hasta situarse en el 22,3% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 7.257 millones de euros ocultos. A pesar de ello, está a la cola de la lista de autonomías con más cantidad de dinero negro junto a la Comunidad de Madrid y Cantabria.En Aragón hay 7.257 millones de euros ocultos, según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La tasa actualmente de economía sumergida en la Comunidad Autónoma se sitúa en torno al 22,3% del PIB al cierre de 2012, dos puntos por debajo de la nacional, que se calcula en el 24,6%, superando los 253.000 millones de euros.

De hecho, Aragón está a la cola de la lista de autonomías que sufren este tipo de fraude, junto a la Comunidad de Madrid y Cantabria. El caso de la capital de España se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta Comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías. En Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.

Siguiendo en este análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.

Entre las provincias aragonesas más afectadas destacan Huesca (24,8%) y Teruel (24,1%), todas ellas con más fraude que la media aragonesa, mientras que la de Zaragoza se estima en el 21,5%.

A nivel nacional, según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.

Según Gestha, al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, solo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.

Fuente: Aragón Digital